Que la industria de la bicicleta siga desarrollándose plenamente en Europa en general y en España en particular, pasa inevitablemente por las políticas, medidas y planes de acción que las distintas administraciones públicas, en todos sus ámbitos, establezcan y desarrollen. En esta tercera parte, analizamos la perspectiva del gobierno español y cómo evolucionan las ayudas para el sector.
Al contrario de lo que se va perfilando desde las instituciones europeas y la administración pública, el Gobierno de España no está atendiendo ninguna de las peticiones que, desde las asociaciones civiles y profesionales vinculadas a la bicicleta, se plantean al Ejecutivo.
Estas movilizaciones buscan fomentar y potenciar el uso de la bicicleta en nuestro país, colocando a España en la cola europea en la apuesta por un medio de transporte que puede contribuir claramente a los objetivos de descarbonización del transporte, ahorro e independencia energética.
España: El Gobierno central se desentiende de la bicicleta
Sin ayudas en el MOVES III: El primer mazazo a la industria de la bicicleta española por parte del Gobierno, llegó en abril de 2021, cuando el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) el Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible, más conocido como MOVES III.
Estaba dotado con 400 millones de euros procedentes de los Fondos Next Generation correspondientes al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que la bicicleta, queda fuera de cualquier tipo de ayuda.
Más sorprendente es que, en el propio desarrollo del acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros, se indica que “es solo la primera de las líneas de intervención previstas en materia de movilidad limpia en el marco del Plan de Recuperación, que contará con actuaciones lideradas no solo por el MITECO, sino también por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). Ambos departamentos trabajarán de forma conjunta en el impulso del cambio modal, la definición y la implementación de zonas de bajas emisiones en línea con la obligación incluida en la Ley de Cambio climático y Transición Energética – aprobada ayer por el Congreso- en municipios de más de 50.000 habitantes. Asimismo, MITMA llevará a cabo actuaciones para incentivar el transporte público y la movilidad a pie y en bicicleta en todo el territorio”
El IVA de la bicicleta, tampoco se reduce
Si quedarse fuera de las ayudas del MOVES III ya ha sido duro para la industria de la bicicleta española, no lo es menos el hecho de que en noviembre de 2022 el Ministerio de Hacienda vetase la enmienda a los presupuestos generales del Estado para 2023 presentada por distintos colectivos y asociaciones ciclistas y de la industria de la bicicleta para pedir una reducción del tipo impositivo del IVA para la compra, alquiler o reparación de bicicletas, tanto convencionales como eléctricas.
Tras esta taxativa negativa por parte del Ministerio de Hacienda, distintos portavoces de las entidades promotoras, como Laura Vergara, de ConBici, o Jesús Freire, de AMBE, manifestaban su disgusto ante esta decisión, ya que “esta propuesta es justa y viable presupuestariamente en el momento actual ya que el incremento del precio medio de las bicicletas en los últimos años, motivado por el aumento en la venta de bicicletas eléctricas, ha tenido como consecuencia un importante crecimiento de la recaudación por IVA que se ha más que duplicado”.
Al mismo tiempo que alegaban que “la rebaja del IVA produciría un efecto positivo sobre la demanda y compensatorio de parte de la pérdida de los ingresos tributarios directos, además de su efecto inducido sobre los productos complementarios asociados a la bicicleta y no sometidos a IVA reducido”. Esta medida del Gobierno español, coincidió con la decisión del Gobierno de Portugal de reducir el IVA a la bicicleta, pasando del 23 % al 6% a partir de enero de 2023.
Estrategia Estatal por la Bicicleta, un plan que no termina de arrancar
El 7 de junio de 2021, el que fuera por aquel entonces Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, presentaba la Estrategia Estatal por la Bicicleta, como “un punto de inflexión para impulsar la bicicleta en España, integrar esta iniciativa en la Estrategia de Movilidad (del Ministerio) y dotar a la bicicleta, por primera vez, de una partida presupuestaria con 5 millones de euros para el 2021”
MITMA aborda el liderazgo de esta Estrategia por la Bicicleta con el objeto de impulsar las diferentes políticas públicas en torno a la promoción de este modo de transporte desde todos sus ángulos, por lo que establece cinco prioridades que se pueden sintetizar en:
- Avanzar en la movilidad sostenible a través de un cambio modal a la bicicleta
- Promover la vida saludable mediante la movilidad activa
- Aprovechar el potencial del cicloturismo
- Fomentar y proteger el ocio y el deporte en bicicleta
- Coordinar la acción del Estado en el impulso de la bicicleta
Estas cinco prioridades se impulsan a través de 10 áreas temáticas, de las que se derivan un compendio de 28 bloques de acción, sumando más de 150 acciones concretas.
Incentivos directos para el uso de la bicicleta, sin novedad en el frente, en España
Países Bajos o Francia ya están pagando a sus ciudadanos por ir en bicicleta a sus puestos de trabajo, con cifras que, de manera acumulada anual, pueden llegar a alcanzar hasta los 800 Euros por persona. En un primer momento podría parecer absurdo, pero si tenemos en cuenta los beneficios que para el país supone incentivar el uso de la bicicleta, queda claro que es mucho más lo que el país se ahorra que llegando a pagar hasta 800 euros por persona/año.
Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dentro de la Estrategia Estatal por la Bicicleta (recordemos la iniciativa “En bici al trabajo”) se ha propuesto modificar la legislación fiscal para adaptar la movilidad en bicicleta para desplazarse al puesto de trabajo como una renta en especie, pero parece ser que desde el Ministerio de Hacienda, no están por la labor, dejando sin efecto esta posibilidad, al menos en el corto plazo.
Ley de Movilidad Sostenible
Inspirada en el concepto de “derecho fundamental”, al igual que lo son la educación o la sanidad, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana inició el desarrollo de la (futura) Ley de Movilidad Sostenible, presentando el anteproyecto de Ley al Consejo de Ministros en el mes de marzo de 2022.
Mediante el impulso de esta Ley, el MITMA pretende establecer el marco jurídico necesario para asegurar que cualquier ciudadano que viva en nuestro país, pueda acceder al trabajo o a los servicios públicos esenciales, facilitando los desplazamientos y, de esta manera, mejorando la calidad de vida de las personas.
Igualmente, pretende hacer frente a los retos del cambio climático, así como en el ámbito de la salud, fomentando una movilidad más limpia y la reducción del vehículo privado, apostando por las nuevas tecnologías y la digitalización.
Las Administraciones Públicas promoverán la movilidad más sostenible y saludable
En este sentido, el texto propone que “las Administraciones Públicas velarán por incentivar y promover los medios y modos de movilidad más sostenibles y saludables en los entornos urbanos y metropolitanos, primando la movilidad activa (movilidad a pie y en bicicleta).”
Actualmente el proyecto de Ley se encuentra en las Cortes, tras ser aprobada por el Consejo de Ministros el 13 de diciembre de 2022. Según las fuentes del Ministerio, pretenden que la tramitación parlamentaria derive en la aprobación de la Ley antes de que finalizace 2023.
Fondos Next Generation para bicicleta en España
600 millones de euros es el montante aprobado para la bicicleta de los Fondos Next Generation, un 0,43% del total de 140.000 millones que recibirá España en los próximos años.
Hace algo más de un año se anunció esta movilización de manera exclusiva para la bicicleta, que se canalizarán a través de proyectos presentados por Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. En esa tanda, se llevarán a cabo más de 1.000 kms. de carriles bici y más de 4.100 plazas de aparcamiento seguro para bicicletas en un total de 111 municipios, por un presupuesto total de 220 millones de euros.
Por su parte, las Comunidades Autónomas recibirán 208 millones de euros, para llevar a cabo 108 proyectos destinados a la construcción o adecuación de carriles bici.
Igualmente, también se incluye el despliegue y puesta en marcha de aparcamientos seguros para bicicletas en distintas estaciones de Adif.
Ayudas autonómicas y municipales, cerca de 7 millones de euros para compra o reparación de bicicletas
Ante la inacción por parte del Gobierno central para la puesta en marcha de medidas de ayuda que faciliten la adquisición, renovación o reparación de bicicletas, tanto convencionales como eléctricas e incluso cargobikes, están siendo las Comunidades Autónomas y distintos Ayuntamientos los que están dotando partidas presupuestarias para distintos programas de ayudas.
Desde Santander a Canarias, pasando por Madrid, Galicia o Melilla, hay actualmente un total de 12 entidades autonómicas o locales que ofrecen ayudas a la compra o reparación de bicicletas, siendo en algunos casos los primeros planes que se activan y, en otros reediciones debido al éxito que han obtenido los planes anteriores.
Comunidad Autónoma / Ayuntamiento | Presupuesto destinado |
Comunidad de Madrid | 2.700.000 Euros |
Galicia | 1.700.000 Euros |
Islas Baleares | 1.000.000 Euros |
Ayuntamiento de Elche | 550.000 Euros |
Ayuntamiento de Madrid | 300.000 Euros |
Comunidad Foral de Navarra | 250.000 Euros |
Cabildo de Gran Canaria | 150.000 Euros |
Ciudad Autónoma de Melilla | 120.000 Euros |
La Rioja | 100.000 Euros |
Ayuntamiento de Santander | 75.000 Euros |
Ayuntamiento de Bilbao | 30.000 Euros |
Ayuntamiento de Tres Cantos | 20.000 Euros |
IMPORTE TOTAL AYUDAS ECONÓMICAS | 6.995.000 Euros |
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